Justificación

El término “discapacidad intelectual” equivale a “retraso mental” que se define por la AAMR a la “…discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa que se manifiesta en habilidades conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad comienza antes de los 18 años.”
El desarrollo intelectual estará relacionado, según este organismo, con las siguientes dimensiones:

– Capacidades intelectuales
– Conducta adaptativa (conceptual, social y práctica)
– Participación, interacciones y roles sociales
– Salud (salud física, salud mental, etiología)
– Contexto (ambientes y cultura).

La actual conceptualización de la deficiencia mental viene configurada por la filosofía de la normalización y la progresiva aceptación de sus principales implicaciones: la necesidad de individualizar la intervención dirigida a estas personas, así como la integración en el entorno menos restrictivo posible en cada uno de los ámbitos donde la persona con discapacidad psíquica se desarrolla. En la edad adulta se constituyen entornos muy significativos la vivienda (alternativa residencial), tiempo libre y, sobre todo, el trabajo. Las orientaciones de la normalización se recogen en algunos organismos internacionales (Comunidad Europea, Organización de las Naciones Unidas,…), los cuales en las últimas décadas han desarrollado una política de acciones dirigidas a la mejora de las condiciones de vida de las personas discapacitadas, en la línea de conseguir la igualdad de participación en los diferentes ámbitos de la vida. Sin embargo, y centrándonos en el ámbito laboral, el análisis de las tendencias generales observadas en los sistemas articulados por las administraciones de diferentes países (Pallisera, 1994) nos permite observar que la mayoría adolecen de un sistema articulado que facilite la transición de las personas con discapacidad psíquica de los centros educativos al sistema laboral ordinario.

A pesar de la conceptualización actual de la discapacidad psíquica determinada por la filosofía de la normalización; de las constantes referencias históricas que dan apoyo a la idea de que las personas con discapacidad psíquica pueden desarrollar una tarea laboral en el sistema ordinario, y de las recomendaciones que en esta línea hacen los organismos internacionales, los sistemas de administración pública tienden a crear centros de trabajo protegido o semiprotegido para estas personas. Así, la mayoría de las personas adultas con discapacidad psíquica están atendidas en centros asistenciales o de trabajo protegido, normalmente en función de la valoración de su capacidad productiva.
Al lado de los servicios regulados por la Administración se encuentran otros programas, proyectos y servicios organizados en la mayoría de los casos por asociaciones privadas, recibiendo sin embargo en muchas ocasiones financiamiento público, que constituyen una alternativa a los servicios estructurados por los organismos públicos. Estos proyectos tienen como finalidad facilitar la transición a la vida activa de estas personas, dando respuesta a la necesidad de formación y ejecución de un rol laboral que experimentan las personas adultas con discapacidades; muchas veces, estos programas actúan con más agilidad y efectividad (si consideramos como tal el número de integraciones en el mercado ordinario) que las estructuras articuladas por las administraciones educativas y sociales.